Quienes temen a la justicia

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha sido creado en la ONU, una vez logradas las ratificaciones de los sesenta países necesarios para su nacimiento: Lo habían firmado 139 desde que en 1998 se aprobó su Estatuto en Roma pero más de la mitad no lo habían ratificado.
Su sede estará en La Haya y sus actuaciones comenzarán a partir del próximo 1 de julio. Pero sólo podrá juzgar los crímenes contra la humanidad, genocidios y otras violaciones graves contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que sucedan a partir de esa fecha. No tendrá jurisdicción sobre los cometidos con anterioridad y cuyos autores viven entre nosotros, a pesar de que dichos crímenes nunca prescriben. Esta es una de las más grandes limitaciones con las que nace este necesario Tribunal Penal Internacional. Pero hay otras más que tratarán de limitar sus competencias o anular su eficacia.
Después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, funcionaron los Tribunales de Nürenberg y de Tokio para juzgar a los criminales contra la humanidad que habían perdido la guerra. Nada se hizo contra otros muchos responsables de crímenes similares que bombardearon ciudades abiertas, hospitales, utilizaron bombas incendiarias, asesinaron sin juicio a los oficiales de los ejércitos polacos en las Fosas de Katin, torturaron, expoliaron, deportaron a pueblos enteros allende los Urales para culminar con la ignominia de las bombas atómicas lanzadas sobre las indefensas ciudades de Hiroshima y Nagasaky. Ninguna de estas ciudades eran objetivos militares ni constituían amenaza alguna: Se trató de un escarmiento para acelerar la rendición de los japoneses. Aquí, por orden del presidente Truman, no importaron los medios con tal de conseguir sus fines. Estos criminales de guerra se encontraban en el bando de los vencedores, los llamados Aliados: EEUU, Gran Bretaña, Francia y la URSS entre otros. Sin olvidarnos de la China nacionalista y de los gobernantes de otros pueblos, antes ocupados, y que en muchas ocasiones violaron las convenciones internacionales que regulaban la guerra y los derechos de los prisioneros. Los asesinatos, las violaciones y las sevicias contra los vencidos fueron innumerables.
Después, el mundo asistiría atónito a las masacres en la guerra de Indochina por parte de los franceses y en Vietnam por parte de los norteamericanos. Las independencias de los países emergentes del llamado Tercer mundo fueron, en su mayor parte, a costa de perder cientos de miles de vidas de nacionales que luchaban por sus países y eran tratados como terroristas. Aunque, una vez alcanzada la independencia y convertidos en héroes de sus respectivas patrias, las antiguas metrópolis se esforzaron por corromperlos para continuar explotando sus riquezas naturales. Todavía sucede en nuestros días en países de Africa, de Asia y aún de Latinoamérica. Por otros medios, claro, y bajo el pretexto de ayudarlos en su desarrollo aunque sea a costa de mantener vivas más de 34 guerras simultáneas en las que mueren más civiles que militares.
Dentro de esos crímenes están los genocidios perpetrados en Ruanda, Burundi, Congo, Camboya, Angola y el criminal sistema del apartheid en Sudáfrica y en la antigua Rodhesia, hoy Zimbabwe, donde ser negro era una presunción de culpabilidad. Aparte de que las mejores tierras, igual que en Kenia y en otras antiguas colonias, seguían y continúan perteneciendo a los blancos extranjeros.
Cuando hace cuatro años se aprobó en Roma el Estatuto del TPI, parecía un sueño que algún día llegara a entrar en funcionamiento para perseguir los crímenes contra la humanidad, que no prescribían y que podían perseguirse en cualquier país y cualquiera que fuera el rango del criminal.
Se llegaron a constituir Tribunales especiales para juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda con una ineficacia que escandaliza a la opinión pública.
La globalización de la justicia era una necesidad imperiosa para garantizar la de los derechos sociales, económicos, humanos. Parecía que las grandes potencias se habían dado cuenta de que no puede haber paz sin justicia; que no es mediante la guerra, la explotación, la extorsión y la fuerza como puede mantenerse un orden justo en un mundo cada vez más abarcable e interrelacionado.
Pero ¿qué puede esperarse de un Tribunal Penal Internacional de semejante importancia si es recusado por EEUU, China, Rusia e Israel entre otros países que se creen por encima del bien y del mal?
La Unión Europea ha tomado el liderazgo de la puesta en marcha de esta institución fundamental sostenida en todo momento por la presión de la sociedad civil organizada en movimientos y asociaciones humanitarias. La ONU, una vez más, se ha mostrado impotente ante la prepotencia de los países que mantienen la tortura, la pena de muerte y que no respetan los derechos humanos ni permiten que sus ciudadanos sean juzgados por otros tribunales que los suyos propios. Mientras ellos exigen de sus aliados que les extraditen a sus propios nacionales para juzgarlos con arreglo a sus sistemas carentes de garantías jurídicas.
Los casos de EEUU después del 11 de septiembre, de Israel desde su nacimiento y de China desde su sistema totalitario son escandalosos.
Como señala el magistrado español, Baltasar Garzón, candidato al Nobel de la Paz, "los ataques de EEUU contra este Tribunal son demoledores y cuestionan seriamente el futuro de esta institución... Los argumentos utilizados por sus autoridades es que nada ni nadie entorpecerá su lucha contra el terrorismo es perverso puesto que parte de esa lucha es ilegal". Y muchas veces criminal e injusta.
Una vez más, tocará a la sociedad civil organizarse para denunciar estas violaciones, amenazas y ataques a pesar de la impresionante e inmoral campaña mediática que EEUU ejerce sobre los grandes medios de comunicación.
Junto a la celebración por la creación del Tribunal Penal Internacional debemos permanecer alerta pues quienes temen a la acción de la justicia es porque albergan intereses perversos e inconfesables.

José Carlos Gª Fajardo

Este artículo fue publicado en el Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS) el 12/04/2002