La opinión pública permanece alerta ante la escalada de la presencia de EE.UU. en Colombia con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. España ha sido el único país de la UE que ha respaldado esa política con la donación de 100 millones de dólares para un Plan de 7.500 millones, de los cuales EE.UU. aporta 1.300 millones. Lo malo es que el 80% de esta ayuda va en forma de helicópteros artillados, aviones para fumigar cultivos y 500 asesores militares.

Pastrana sostiene que es para luchar contra el narcotráfico, combatir la pobreza, fortalecer la democracia y facilitar la negociación con la guerrilla. Pero, antes, es preciso desarmar a los paramilitares vinculados al Ejército y que protegen a cultivadores de coca a los que extorsionan para mantener su lucha, como ha denunciado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. ONG colombianas así como The New York Times temen que esta ayuda sirva para prolongar la guerra o debilitar la democracia.

Madeleine Albright, durante su etapa de representante de EE.UU. en la ONU, basó la política exterior de su país en la defensa de los intereses norteamericanos sin límites de fronteras ni respeto a soberanías.

Es conveniente seguir esa singular política en otro de los lugares declarados claves para la defensa de los intereses de EEUU: Filipinas. Según denuncia el Equipo Nizkor, el 27 de mayo de 1999, el Senado filipino se pronunció a favor del "Acuerdo sobre Fuerzas Visitantes", que permite nuevamente la presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en Filipinas. A pesar de que, en 1991, ese Senado había rechazado la ampliación del Acuerdo de Bases Militares impuesto en 1947, al sustituir a Japón en la ocupación del archipiélago por el general Mac Arthur. Hijo del también general, Douglas Mac Arthur que, de 1898 a 1911, había ocasionado medio millón de muertos entre la población filipina que se había levantado contra la vergonzosa cesión por España de Filipinas a los EE.UU. a cambio de una indemnización económica.

Aunque EE.UU. concediera formalmente la independencia a Filipinas en 1946, la dominación económica y militar continuó hasta nuestros días porque allí habían instalado sus dos mayores bases fuera de sus fronteras: Clarck y Subic. La primera fue abandonada en 1991, después de que un volcán la sepultase en cenizas matando a 700 filipinos y ocasionando el éxodo de 300.000. Se trasladaron a una isla vecina, fuera de la soberanía de Filipinas, que causa alarma por el tráfico continuo de cargas nucleares.

En 1992, los EE.UU. desalojaron la base de Subic ante la presión popular. Conviene recordar que, en 1995, se calculaba que dos tercios de la población vivía bajo el umbral de la pobreza aunque 20.000 personas posean el 60% de las tierras de cultivo. En 1996, se concedió la autonomía a la región de Mindanao que pasó a ser gobernada por el líder musulmán Nur Misuari con la encarnizada protesta de la mayoría cristiana que pidió un referéndum para 1998, fieles a su política de pedir ayuda cuando son minoría y de imponer sus criterios cuando controlan el poder. En su lugar, miles de niños de varios países marcharon por las calles de Manila para protestar contra la esclavitud infantil que UNICEF calcula en más de 250 millones los niños sometidos a trabajos prohibidos por los tratados internacionales. Tras la firma del Acuerdo sobre Fuerzas Visitantes, las fuerzas militares estadounidenses podrán establecerse en el país sobre la base de que esta presencia es necesaria para garantizar la seguridad del Pacífico Sur.

Estados Unidos otorga a ese acuerdo la simple categoría de "acuerdo ejecutivo", mientras que para Filipinas es un tratado internacional: la elección de esa vía jurídica demuestra qué escasa importancia jurídica otorga Estados Unidos a los instrumentos que utiliza para sus relaciones internacionales. El acuerdo deja en la mayor ambigüedad el tipo de actividades a las que van a dedicarse las fuerzas armadas de EE.UU. en Filipinas y no incluye disposición alguna que prohiba la introducción de armas nucleares en territorio filipino, como exige la constitución de este país.

El control de la entrada y de la salida del personal militar y civil norteamericano se deja bajo la jurisdicción de EE.UU. y las disposiciones sobre jurisdicción criminal en caso de hechos punibles cometidos por personal de los EE.UU., conceden a este país tales prerrogativas que implican una derogación de facultades soberanas del Estado filipino. Y reafirman la tesis norteamericana de que sus funcionarios y militares no podrán ser llevados nunca ante un tribunal que no sea de EEUU. Por eso no firman el Tribunal Penal Internacional (TPI).

También se ha contribuido a la represión de los grupos opositores organizados y de minorías musulmanas. Profundas reformas socioeconómicas a favor de las grandes mayorías empobrecidas hubieran resultado más efectivas a la hora de afrontar los graves conflictos internos que afectan al país y que tienen su raíz en la violación de los derechos civiles, económicos y sociales.

No es de recibo que un país extranjero deba proporcionar la seguridad al Pacífico Sur, en lugar de que cada país del área acepte su responsabilidad de salvaguardar la paz en la región dentro de un proceso acorde con Naciones Unidas, cuya Carta recoge el único sistema internacional de garantía ante agresiones de terceros.

Si el Plan para Colombia no logra sus objetivos, ya sabemos el "Acuerdo sobre Fuerzas Visitantes" que el Gobierno de EE.UU. les propondrán sin necesidad de convertirlo en tratado internacional.