La Asociación Americana de Juristas y el Centre Europe-Tiers Monde, entidades consultoras en la ONU, han presentado un Informe en el que denuncian la creciente infiltración de las transnacionales en las Naciones Unidas.

Ya, en 1978, la "Declaración de Berna", denunció las actividades de las grandes compañías (Brown Bovery, Nestlé, Sulzer, Ciba-Geigy, Hoffmann-La Roche, Sandoz, Massey Ferguson) para influir en las decisiones de organismos de la ONU.

Ahora ya no se trata de "infiltración", sino de abrir las puertas de la ONU a las transnacionales, siguiendo la tendencia a ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros, quitándoselo a sus legítimos depositarios, los Estados y los pueblos, en detrimento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las poblaciones.

Kofi Annan, aceleró el movimiento de subordinación de la ONU a las empresas transnacionales lo que le valió el sobrenombre de "NestKoffee". En su informe sobre "La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible" se pronunció en favor de un "modelo económico único". Ese modelo es conforme con los imperativos, orientados al beneficio, de las empresas y los Bancos transnacionales, de "globalizar" con el fin de reducir costos y capturar mercados, cualesquiera sean las consecuencias sociales, económicas y políticas para los países y pueblos afectados.

Kofi Annan sostiene que "la desregulación se ha convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países" y propugna la venta de las empresas públicas confiando "la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan capacidad para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros".

Las grandes empresas rentables deben estar monopolizadas por el gran capital transnacional. Se intenta legitimar la política de malvender las empresas públicas rentables para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. El Secretario General parece ignorar que el sector público ha contribuido al progreso social y a la innovación tecnológica. El análisis de Kofi Annan omite que imponer los criterios de gestión del sector privado a las empresas públicas socava los fines de estas empresas y la noción de servicio público. Por eso, quiere establecer un servicio de enlace con las empresas y con las patronales más destacadas para continuar el diálogo entre el mundo empresarial y la ONU.

Uno de los resultados de esa estrategia es el Fondo para un Desarrollo Duradero (GSDF), un acuerdo de cooperación entre el PNUD y varias empresas gigantes. La mayoría de dichas empresas son responsables de graves violaciones de los derechos humanos políticos, civiles, económicos y sociales y de graves daños al medio ambiente: Río Tinto, Oracle, AT&T, Owens Corning y Dow Chemical, ABB, Novartis, etc. El Comité de dirección del Fondo será compartido por representantes del PNUD y de las transnacionales lo que lo convierte en una institución privatizada en el seno de la ONU.

Las transnacionales pagan una cuota al Fondo de 50.000 dólares y con ello pueden ejercer un papel determinante en las orientaciones de los organismos de Naciones Unidas y cubrir ante la opinión pública sus nefastas actividades con una máscara humanitaria.

La filosofía general del proyecto sostiene que los buenos negocios y los derechos humanos se refuerzan mutuamente y por eso es apropiado privatizar la gestión de dichos derechos. ¿Por qué no los derechos mismos?

La estrategia de conferir poder en el seno de la ONU a las transnacionales comenzó en 1993 con la supresión de órganos de la ONU creados para establecer un control social sobre las actividades de las transnacionales. Uno de ellos fue la Comisión de Empresas Transnacionales, compuesta por 48 Estados, quería investigar las actividades de las transnacionales y elaborar un Código de Conducta. En 1994, el Consejo Económico y Social transfirió esta Comisión al Consejo de Comercio y Desarrollo, teniendo en cuenta el "cambio de orientación" de la misma, al haber abandonado los intentos de establecer un control social sobre las transnacionales y ocuparse de la "contribución de las empresas transnacionales al crecimiento y al desarrollo".

Otra manifestación de esta tendencia a poner el sistema de la ONU al servicio de las transnacionales, es la creciente intervención del Banco Mundial. El BM, es de hecho un instrumento de los países ricos y de la política de las transnacionales y, contra lo que establece la Carta de la ONU para los organismos especializados, se substrae al control de la Asamblea General y del ECOSOC.

En la inauguración en Davos, enero de 2000, estuvieron presentes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Director General de la OIT, el Director Ejecutivo del PNUD, el Secretario de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres y el Director Ejecutivo de la British Petroleum. BP es el mayor inversor extranjero en Colombia y ha sido acusada en el Parlamento Europeo por el británico Richard Howe de violar los derechos humanos de campesinos, indígenas y sindicalistas. Aunque BP niega que financie a los grupos paramilitares, reconoce que financia al ejército colombiano, aunque solo "con fines defensivos".

Human Rights Watch denunció que la British Petroleum era un ejemplo de la participación de la industria de la energía en violaciones de los derechos humanos.

El documento común del Secretario General, el BM, el FMI y la OCDE, presentado en "Copenhague+5", es un grave paso en la política de alineamiento con la minoría rica del planeta, un desafío a la comunidad internacional de Estados agrupados en las Naciones Unidas y a "los pueblos de las Naciones Unidas" invocados en la Carta.

Esta política significa amenaza los principios de la ONU enunciados en la Carta, en la Declaración Universal y la eventual violación del artículo100 de la Carta de la ONU que dice que el Secretario General representa a la ONU y no recibe instrucciones de ningún gobierno ni autoridad ajena a la Organización.

La comunidad internacional debe reaccionar frente a esta desnaturalización del papel de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo.