Las guerras que se avecinan (2)

A finales de noviembre de 2004, el Times contó que Bush había establecido un grupo interdepartamental para estudiar si "lo más conveniente para la nación" era dar al Pentágono el control absoluto de la unidad paramilitar de élite de la CIA, que lleva décadas actuando de forma clandestina en lugares de conflicto de todo el mundo. Las conclusiones del grupo se publicarán en febrero, pero ya se pueden predecir, en opinión de muchos ex funcionarios de la CIA. "Da la impresión de que lo van a hacer", dice Howard Hart, que fue jefe de la División de Operaciones Paramilitares de la CIA hasta su jubilación, en 1991.
Hay otras pruebas de que el Pentágono está extendiendo su influencia. Dos ex agentes secretos de la CIA, Vince Cannistraro y Philip Giraldi, que publican Intelligence Brief, un boletín para clientes del sector, informaban el mes pasado sobre la existencia de un amplio decreto presidencial sobre antiterrorismo que autorizaba al Pentágono a "actuar de forma unilateral en una serie de países en los que existe la percepción de una amenaza terrorista clara y visible... Varios de esos países son amigos de EE UU e importantes socios comerciales. En su mayoría, han colaborado en la guerra contra el terrorismo". Los dos ex agentes enumeran algunos: Argelia, Sudán, Yemen, Siria y Malaisia.
Giraldi, que estuvo tres años en los servicios militares de inteligencia antes de entrar en la CIA, dice que le preocupa el aumento de actividades encubiertas del Ejército. "No me parece que puedan manejar bien el secreto", explica. "Necesitan tener una mentalidad distinta. Necesitan hacerse cargo de nuevos papeles, introducirse en culturas diferentes, aprender cómo piensa la gente. Cuando uno entra en un pueblo y empieza a disparar, todo eso no importa", añade. "Pero, cuando se trata de operaciones en las que cuenten la sutileza y la sensibilidad, el Ejército no puede hacerlo. Por eso es por lo que esas operaciones se dirigían siempre desde la agencia".
Rumsfeld y dos de sus principales colaboradores, Stephen Cambone -subsecretario de Defensa encargado de los servicios de inteligencia- y el teniente general del Ejército William G. (Jerry) Boykin, van a formar parte de la cadena de mando para las nuevas operaciones con comandos. Un asesor del Pentágono me ha asegurado que ya se ha informado a los principales miembros de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara sobre la expansión del papel del Departamento de Defensa en las actividades de espionaje, pero no sabe hasta dónde han llegado las informaciones. "Me perturba la idea de actuar sin la supervisión del Congreso", dice el asesor del Pentágono.
Las dudas legales sobre el derecho del Pentágono a realizar operaciones secretas sin informar al Congreso no están resueltas aún. "Es un área muy difusa", dice Jeffrey H. Smith, graduado de West Point y asesor jurídico de la CIA a mediados de los años noventa. "El Congreso cree que ha aprobado la inclusión de todas las actividades secretas llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas. Pero el Ejército dice: 'No, lo que hacemos nosotros no son acciones de espionaje según el estatuto, sino medidas militares necesarias, autorizadas por el presidente como comandante en jefe, para 'preparar el campo de batalla". En referencia a cuando estaba en la agencia, Smith añade: "Siempre teníamos cuidado de no emplear las Fuerzas Armadas en una operación secreta sin un decreto presidencial. El Gobierno de Bush ha adoptado una postura mucho más agresiva".
Según me han dicho, con la nueva estrategia de Rumsfeld, los agentes militares estadounidenses estarían autorizados a hacerse pasar en el extranjero por corruptos hombres de negocios en busca de artículos de contrabando para utilizarlos en sistemas de armamento nuclear. En ciertos casos, según los asesores del Pentágono, se podría recurrir a ciudadanos locales y pedirles que se introdujeran en grupos guerrilleros o terroristas, incluso con la posibilidad de organizar y realizar operaciones de combate o incluso actos de terrorismo. Seguramente, me explicaba el asesor del Pentágono, algunas de estas actividades se llevarán a cabo en países en los que existe una misión diplomática estadounidense, con un embajador y un jefe local de la CIA, que no tendrían por qué estar al tanto, de acuerdo con la interpretación que hace el Pentágono de la obligación de informar.
Las nuevas normas permitirán que las fuerzas especiales creen lo que denominan grupos de acción en los países especificados, con el fin de descubrir y eliminar organizaciones terroristas. "¿Se acuerda de los escuadrones de la muerte en El Salvador?", me pregunta el antiguo responsable de servicios de inteligencia: las bandas dirigidas por militares que tantas atrocidades cometieron a principios de los años ochenta. "Nosotros los fundamos y los financiamos", dice. "Ahora, el objetivo es reclutar a habitantes locales en cualquier área que deseemos. Y sin decirle nada al Congreso".
Uno de los argumentos para emplear estas tácticas quedaba claro en una serie de artículos de John Arquilla, profesor de análisis de la defensa en la Escuela Naval de posgrado de Monterey, California, y asesor de Rand Corporation en materia de terrorismo. "Para luchar contra una red hace falta otra red", escribía en un artículo publicado hace poco en The San Francisco Chronicle: "Cuando las operaciones militares convencionales y los bombardeos no fueron suficientes para derrotar a los rebeldes Mau Mau de Kenia en los años cincuenta, los británicos crearon unos grupos con miembros de la tribu Kikuyu que fingían ser terroristas. Aquellos pseudogangs pusieron rápidamente a los Mau Mau a la defensiva, a base de trabar amistad con grupos de combatientes y tenderles emboscadas, o de guiar a los bombarderos hasta los campamentos terroristas. Lo que funcionó en Kenia hace medio siglo tiene muchas posibilidades de minar la confianza y la capacidad de convocatoria de las redes del terror actuales. Formar nuevos pseudogangs no debería resultar difícil".
El año pasado se realizaron unas cuantas operaciones encubiertas de prueba, me dice un asesor del Pentágono, y se "acorraló" a una célula terrorista en Argelia con ayuda estadounidense. El asesor se refiere, por lo visto, a la captura de Ammari Saifi, conocido como Abderrezak le Para, jefe de una red terrorista norteafricana, afiliada a Al Qaeda. Sin embargo, al acabar el año, no había acuerdo dentro del Departamento de Defensa sobre las normas de actuación.
Según un general de cuatro estrellas retirado, "la idea básica siempre ha sido sólida, pero ¿cómo se garantiza que la gente que lleve a cabo las operaciones vaya a actuar dentro de los márgenes de la ley? Esto es llevar las cosas muy al límite". Y añade: "Se trata de supervisar. Y no vamos a conseguir que Warner [John Warner, senador por Virginia y presidente del comité de Fuerzas Armadas del Senado] y los demás se encarguen de supervisar. Todo recae en el cuarto piso". Quiere decir el piso del Pentágono en el que se encuentran los despachos de Rumsfeld y Cambone.
El Pentágono ya ha intentado sortear las limitaciones a las operaciones encubiertas en otras ocasiones. A principios de los ochenta, se creó una unidad secreta del Ejército con permiso para actuar en el extranjero bajo una supervisión mínima. Los resultados fueron desastrosos. El programa de Operaciones Especiales, en un principio, se llamó Actividades de Apoyo a los servicios de Inteligencia (sus siglas en inglés son ISA), y estaba dirigido desde una base próxima a Washington, igual que, posteriormente, Zorro Gris. Se creó poco después del rescate fallido, en abril de 1980, de los rehenes estadounidenses en Irán, retenidos por estudiantes revolucionarios tras la caída del régimen del sha a manos de los islamistas. Al principio, la unidad fue un secreto para muchos de los principales generales y dirigentes civiles del Pentágono, así como para muchos miembros del Congreso. Durante la guerra de la Administración de Reagan contra el Gobierno sandinista se desplegó en Nicaragua. Se dedicó fundamentalmente a apoyar a la Contra. Sin embargo, a mediados de los ochenta, las operaciones de la ISA se vieron recortadas y varios de sus oficiales sometidos a consejo de guerra tras una serie de escándalos financieros, que en algunos casos incluían compraventa de armas. El caso recibió el nombre de el escándalo de Yellow Fruit por el nombre en clave de una de las organizaciones encubiertas de la ISA, y, en muchos aspectos, los métodos del grupo prepararon el terreno para el escándalo Irán-Contra.
Pese a la controversia en torno a Yellow Fruit, el Ejército mantuvo intacta la ISA como unidad secreta. "Pero la sometimos a numerosas restricciones", cuenta el segundo asesor del Pentágono. "En ISA, había que obtener una orden especial para ir a 70 kilómetros de distancia. Y había algunas áreas, como Líbano, a las que no podían ir". El asesor reconoce que las operaciones actuales son similares a las de hace 20 años, con parecidos riesgos y, en su opinión, parecidas razones para asumir esos riesgos. "Lo que les impulsó, en el caso de Yellow Fruit, fue que no tenían informaciones sobre Irán", dice. "No sabían nada de Teherán y no tenían a nadie, sobre el terreno, que pudiera preparar el campo de batalla".
La decisión de Rumsfeld de recuperar estos métodos nace, también ahora, de un fallo de los servicios de inteligencia en Oriente Próximo, dice el asesor. El Gobierno cree que la CIA no supo o no quiso proporcionar al Ejército la información que necesitaba para hacer frente a un terrorismo sin Estado. "Uno de los grandes problemas fue que no teníamos los recursos humanos necesarios para reunir informaciones en las zonas habitadas por los terroristas", explica el asesor. "Como la CIA aseguraba que controlaba los medios humanos de reunir información, la única forma de sortear la situación era afirmar que la agencia no utilizaba dichos medios para apoyar las operaciones de las fuerzas especiales en el extranjero. La CIA se opuso". Al hablar de la nueva autoridad de Rumsfeld sobre las operaciones secretas, el primer asesor del Pentágono dice: "No se trata de dar más poder a los servicios militares de inteligencia. Se trata de quitárselo a la CIA".
Un antiguo cargo de la CIA dice que su declive era previsible. "Durante años, la agencia hizo lo imposible para integrarse y coordinarse con el Pentágono. Cedimos una y otra vez, y nos dieron lo que nos merecíamos. Es evidente que, en la actualidad, el Pentágono es un gorila de 250 kilos y el director de la CIA es un chimpancé".
También hubo presiones de la Casa Blanca. Un ex agente de los servicios clandestinos de la CIA me cuenta que, en los meses posteriores a la dimisión del director de la agencia, George Tenet, en junio de 2004, la Casa Blanca empezó a "llenar de críticas" a los analistas de la Dirección de Inteligencia (DI) de la CIA y exigió "ver más apoyo a la posición política del Gobierno". El sucesor de Tenet, Porter Goss, emprendió lo que el funcionario de la CIA recién retirado califica de "purga política en la DI". Entre los blancos estaban veteranos analistas que habían escrito documentos en los que expresaban su desacuerdo y que habían llegado a la Casa Blanca. El agente recién retirado dice: "La Casa Blanca revisó minuciosamente los análisis políticos de la DI para poder diferenciar a los apóstatas de los verdaderos creyentes". Algunos analistas importantes de la DI han presentado su dimisión, de forma discreta y sin revelar hasta dónde llega la confusión.
La Casa Blanca consolidó su control sobre los servicios de inteligencia el mes pasado, cuando impuso cambios de última hora en el proyecto de ley para la reforma de estas actividades. La legislación, basada fundamentalmente en las recomendaciones de la Comisión del 11-S, había empezado por dar amplios poderes -incluida la autoridad sobre los gastos en materia de información- a un nuevo director de inteligencia nacional (el Pentágono controla aproximadamente el 80% del presupuesto de inteligencia.) El Senado aprobó, por 96-2, un proyecto de reforma. Sin embargo, antes de que votara la Cámara de Representantes, Bush, Cheney y Rumsfeld se plantaron. La Casa Blanca apoyó públicamente la ley, pero el presidente de la Cámara, Dennis Hastert, se negó a someter a votación una nueva versión del proyecto de ley; aparentemente, era un desafío al presidente, pero la opinión general en el Congreso fue que habían delegado en Hastert para que retuviera el texto. Después de numerosas presiones de la Casa Blanca y del Pentágono, se reescribió el borrador. La ley aprobada por el Congreso reduce enormemente el poder del nuevo director, con el argumento de dejar que el secretario de Defensa conserve sus "responsabilidades estatutarias". Fred Kaplan, en la publicación digital Slate, contó los verdaderos motivos de la acción de Hastert y citó a un ayudante de un congresista que estaba asombrado por cómo los representantes de la Casa Blanca habían aplastado la ley aprobada en el Senado y habían presentado "todo tipo de ridículas razones por las que era inaceptable".
"El plan de Rummy era obtener un acuerdo en el proyecto de ley por el que el Pentágono saliera ganando y la CIA perdiendo", dice el ex alto funcionario de inteligencia. "Así, todas las piezas del puzzle encajan. Tiene autoridad sobre las acciones encubiertas que no es imputable y la capacidad de controlar directamente los elementos de la inteligencia nacional, incluidos los numerosos satélites constantemente situados en órbitas sobre la tierra".
"Rumsfeld ya no tendrá que someter nada al aparato de inteligencia del Gobierno", continúa el ex funcionario. "El sistema de los servicios de inteligencia estaba pensado para que hubiera competitividad entre los distintos organismos. Ahora faltará la tensión dinámica que hacía que se tuvieran en cuenta las prioridades de todos: en la CIA, el Departamento de Defensa, el FBI e incluso el Departamento de Seguridad Interior. La peor consecuencia del nuevo sistema es que Rumsfeld ya no tiene que decir a nadie lo que hace, así que no le pueden preguntar: '¿Por qué hace eso?', o '¿Cuáles son sus prioridades?' Ahora puede mantener a todos los que le incordian al margen".

Este artículo de Seymour M. Hersh fue publicado en EL PAÍS el 24/01/2005